Luego que un juez federal de San Francisco puso freno a la política del presidente estadunidense Donald Trump de regresar a México a los solicitantes centroamericanos de asilo, en tanto una corte migratoria decide su caso; el gobierno mexicano expresó que es un asunto doméstico de Estados Unidos por lo que se mantendrá respetuoso

La cancillería mexicana reconoció a través de un comunicado que, a partir de la implementación “unilateral” de una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, el gobierno nacional ha mantenido diálogo y diversas reuniones técnico-operativas con Estados Unidos.

Lo anterior, aseguró, para definir el perfil de las personas migrantes a las que nuestro país podría aceptar en el contexto de la aplicación de los Protocolos de Protección al Migrante así como horarios, capacidad de recepción y otros aspectos de la instrumentación de esta medida.

Ello en un contexto en el que La Casa Blanca declaró al pronunciarse sobre la decisión de un Juez Federal de suspender a partir del próximo 12 de abril esta medida, que el uso de esta ley federal se lleva a cabo “como parte de un programa cooperativo ampliamente negociado con el gobierno de México”.

La oficina a cargo del canciller Marcelo Ebrard insistió en que este plan fue aceptado por nuestro país “por razones humanitarias”, derivado del anuncio “unilateral” de la medida y “con base en el compromiso de México con los derechos humanos”.

Afirmó que en varias reuniones ha planteado sus preocupaciones y puntos de vista sobre la intención del uso de esta ley anunciada por el Gobierno de los Estados Unidos el 20 de diciembre de 2018 y que dio inicio el 28 de enero de 2019.

Aseguró que “Mexico sostiene la perspectiva de que la migración no debe ser forzada por pobreza, que debe atenderse el bienestar en Centroamérica y que deben respetarse los derechos humanos”.

Sobre la determinación legal, el gobierno mexicano tomó nota e indicó que se mantendrá atento al desarrollo que siga el procedimiento judicial en los Estados Unidos.

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